Protagonistas, objetivos, organizaciones y desenlaces judiciales
Periodo investigado: 1 de enero de 2000 – 31 de diciembre de 2025
1. Introducción: una amenaza que precede a Daesh
Las amenazas de carácter islamista extremista contra personas en España no comenzaron con la aparición del Estado Islámico (Daesh) en 2014.
Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, organizaciones como Al Qaeda y sus estructuras asociadas difundieron amenazas contra España, sus instituciones y personas relacionadas con la lucha antiterrorista. Posteriormente, la expansión del Estado Islámico, la propaganda en castellano y la utilización masiva de las redes sociales modificaron las formas de intimidación y señalamiento de objetivos.
La documentación consultada permite identificar amenazas contra:
- Presidentes del Gobierno y otros responsables políticos.
- Jueces y magistrados de la Audiencia Nacional.
- Investigadores y especialistas en terrorismo.
- Periodistas y profesores universitarios.
- Miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
- Mujeres musulmanas que defienden posiciones contrarias al extremismo.
- Testigos que colaboran con la justicia.
- Población occidental y comunidades religiosas.
Una de las cuestiones más importantes que revela la investigación es que las personas amenazadas no pertenecen necesariamente a un mismo grupo ideológico, político o religioso. En unos casos son representantes del Estado; en otros, musulmanes que cuestionan el extremismo o personas que ejercen actividades profesionales relacionadas con su investigación y persecución.
¿Qué entendemos por amenazas islamistas?
Para esta investigación utilizamos tres categorías diferenciadas:
- Amenazas de organizaciones yihadistas. Proceden de estructuras que justifican la violencia terrorista en nombre de una interpretación extremista del islam, como Al Qaeda y Daesh.
- Amenazas de individuos radicalizados. Personas que utilizan argumentos religiosos extremistas para intimidar, justificar la violencia o amenazar de muerte a otras personas, aunque no se haya demostrado su pertenencia a una organización terrorista.
- Amenazas de organizaciones islamistas extremistas distintas del yihadismo clásico. Se incluyen cuando existe documentación de promoción de violencia religiosa o selección de objetivos, pero sin atribuir automáticamente su ideología a Daesh o Al Qaeda.
Esta distinción es necesaria. No toda expresión religiosa radical constituye terrorismo y no toda amenaza justificada mediante argumentos religiosos acredita pertenencia a una organización yihadista.
2. Resumen histórico: 25 años de amenazas documentadas
La siguiente cronología reúne los principales episodios localizados. Distingue las amenazas contra personas concretas de las dirigidas a colectivos o a España en general.
| Año | Caso | Objetivo | Resultado conocido |
| 2003 | Amenaza de Osama Bin Laden | España como país | Amenaza general, sin víctima individual |
| 2005 | Vídeo de Al Qaeda | Jueces de la Audiencia Nacional | Amenaza colectiva; autoría individual no esclarecida públicamente |
| 2007 | Comunicados de Al Qaeda | España, tropas y Ceuta y Melilla | Amenazas generales |
| 2011 | Abdellatif Aoulad Chiba | Población de complejos turísticos, según el plan inicialmente atribuido | Absuelto del supuesto plan de envenenamiento; condenado por difusión de propaganda terrorista |
| 2012 | Mudhar Hussein Almaliki | José María Aznar y Javier Solana, entre otros | Ocho años de prisión por integración en organización terrorista |
| 2013 | Mohamed Echaabi | Un alto cargo árabe no identificado | Detención y prisión provisional; desenlace público no localizado |
| 2015 | Carta a la sede del PP | Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre | Dos detenidos; desenlace judicial no localizado |
| 2015-2017 | Operación Anfiteatro | Policía Nacional | Condena de ocho años por delitos relacionados con la radicalización yihadista |
| 2016-2019 | Operación GRIN | Fernando Reinares, profesores y periodistas | Absolución del principal acusado por falta de pruebas |
| 2017-2018 | Operación Malassa, Melilla | Guardia Civil | Condena por desórdenes públicos, no por amenazas terroristas |
| 2018-2019 | Muntasir Media | José de la Mata y otros objetivos | Detención y prisión provisional; sentencia final no localizada |
| 2014-2023 | Caso Raquel Alonso | Raquel Alonso y sus hijos | Exmarido condenado por pertenencia a organización terrorista; amenazas denunciadas sin autoría judicialmente establecida |
| 2020 | Detención en Guadalix de la Sierra | España y otros objetivos colectivos | Detención por amenazas yihadistas; desenlace final no localizado |
| 2022 | Caso Miss Raisa | Imane Raissali | Detención y medidas cautelares; sentencia final no localizada |
| 2023 | Caso Campos, Mallorca | Autoridades, policías y militares | Detención y prisión provisional; desenlace final no localizado |
| 2024 | Operación contra grupo yihadista | Población occidental y comunidad judía | Seis detenidos en España, todos en prisión provisional |
| 2025 | Organización radical pakistaní | Personas seleccionadas como posibles objetivos en Europa | Once detenidos; cuatro en prisión provisional en España |
| 2025 | Operación Himon | Varias personas en Cataluña | Tres detenidos y prisión provisional |
Esta tabla no debe interpretarse como un registro estadístico oficial. Es una selección de expedientes y episodios documentados en fuentes abiertas.
3. Primera etapa (2000-2010): Al Qaeda y las amenazas contra España y sus instituciones
3.1. 2000-2002: los antecedentes y la dificultad de identificar amenazas yihadistas
En los primeros años del periodo no he podido localizar en las fuentes abiertas consultadas un caso suficientemente acreditado de una amenaza yihadista directa contra una persona concreta residente en España que permita reconstruir su desarrollo y desenlace.
Esto no significa que no existieran investigaciones sobre redes islamistas radicales.
De hecho, el Tribunal Constitucional documenta la existencia de investigaciones judiciales sobre ramificaciones de Al Qaeda en España, iniciadas en los años noventa y reabiertas a partir de 2001. Pero esos expedientes no constituyen por sí mismos casos de amenazas personales.
Resolución: SENTENCIA 128/2011+1
Hay también un problema de identificación histórica: algunas noticias de aquellos años hablan de amenazas contra jueces y fiscales, pero corresponden a ETA y no al terrorismo yihadista.
3.2. 2003: Osama Bin Laden amenaza expresamente a España
Amenaza contra un país
Protagonista: Osama Bin Laden.
Organización: Al Qaeda.
Objetivo: España y sus intereses.
El 19 de octubre de 2003, Osama Bin Laden difundió un mensaje en el que situaba a España entre los países susceptibles de sufrir represalias por su participación en la guerra de Irak.
El mensaje se produjo en un contexto internacional marcado por la invasión de Irak y el apoyo del Gobierno español a la intervención liderada por Estados Unidos.
La advertencia no identificaba a un político o ciudadano español como víctima individual. Estaba dirigida contra España como país.
La importancia histórica del comunicado es que demuestra que el territorio y los intereses españoles ya figuraban en la propaganda de Al Qaeda antes del atentado del 11 de marzo de 2004.
La amenaza fue recogida por medios españoles y posteriormente apareció en el análisis de los antecedentes del terrorismo yihadista en España.
Desenlace: no hubo un procedimiento judicial contra una persona identificada como autora de una amenaza individual. Se trató de una declaración propagandística de una organización terrorista.
3.3. 2004: amenazas de Al Qaeda contra la población española
El 11-M fue un atentado terrorista, no una amenaza que pueda incluirse como un expediente de intimidación personal. Sin embargo, las comunicaciones posteriores permiten comprender el contexto de amenazas que recibió España.
El 3 de abril de 2004, una comunicación atribuida a Ansar Al Qaeda en Europa reivindicó los atentados de Madrid y amenazó con convertir España en un infierno si no se modificaba su política de apoyo a Estados Unidos.
El 8 de abril se difundió otra grabación que reclamaba la retirada de las tropas españolas de Irak y Afganistán.
El 15 de abril, Osama Bin Laden difundió un mensaje en el que relacionaba los atentados del 11-S y del 11-M con las políticas de los países occidentales.
Estas comunicaciones se dirigían a la población española y al Gobierno, no a una víctima individual concreta.
3.4. 2005: Al Qaeda amenaza a los jueces de la Audiencia Nacional
Amenaza directa contra el poder judicial
Persona identificada públicamente: Javier Gómez Bermúdez.
Colectivo amenazado: magistrados de la Audiencia Nacional.
Organización responsable de la propaganda: Al Qaeda.
¿Qué ocurrió?
En octubre de 2005, Al Qaeda difundió en Internet dos vídeos en los que aparecía una persona encapuchada que se presentaba como miembro de la organización.
Las grabaciones estaban dirigidas contra los jueces de la Audiencia Nacional que habían condenado a integrantes de la célula española de Al Qaeda.
El motivo de la amenaza era la sentencia dictada contra los miembros de la organización, entre ellos el periodista de Al Jazeera Taysir Alony.
El vídeo criticaba la actuación de la justicia española y amenazaba a los jueces que habían intervenido en el procedimiento.
¿Quiénes eran los afectados?
Entre los magistrados señalados estaba Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que había condenado a los integrantes de la célula.
Gómez Bermúdez manifestó públicamente que las amenazas no modificarían el criterio de los jueces.
También Taysir Alony y su abogado, José Luis Galán, condenaron públicamente las amenazas, a pesar de que Alony había sido uno de los condenados en aquel procedimiento.
¿Quién produjo el vídeo?
Las informaciones de la época lo atribuyeron a Al Qaeda y a un individuo encapuchado que decía actuar en nombre de la organización.
No he encontrado una resolución judicial pública que permita identificar con seguridad al productor o responsable material del vídeo.
¿Cuál fue el desenlace?
La amenaza tuvo repercusión pública y fue confirmada por las autoridades como un episodio relacionado con la propaganda de Al Qaeda.
Sin embargo, no he podido localizar un procedimiento judicial independiente que terminara con la identificación y condena del responsable material de las amenazas.
Importancia del caso: constituye un antecedente documentado de intimidación contra jueces españoles por el ejercicio de sus funciones judiciales en procedimientos de terrorismo yihadista.
3.5. 2007: Al Qaeda amenaza a España por su presencia militar en Afganistán
Amenaza contra instituciones y fuerzas militares
En marzo de 2007, Al Qaeda difundió un vídeo en Internet en el que criticaba la política exterior española y amenazaba a España por su presencia militar en Afganistán.
La organización acusaba al Gobierno español de haber retirado las tropas de Irak mientras enviaba otros 600 soldados a Afganistán.
El mensaje incluía advertencias de represalias contra los países occidentales que participaban en las operaciones militares.
El Gobierno español encargó al CNI comprobar la autenticidad de la grabación. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, confirmó que había sido difundida por uno de los canales de comunicación de Al Qaeda.
En diciembre de ese año, Ayman al-Zawahiri volvió a referirse expresamente a Al-Ándalus, Ceuta y Melilla.
Protagonista: Ayman al-Zawahiri.
Objetivo: España, con referencias específicas a Ceuta y Melilla.
En su mensaje del 14 de diciembre de 2007 afirmó que no renunciaría a las armas ni a la reivindicación de Al-Ándalus, Ceuta y Melilla.
Estas amenazas no identificaban a una persona concreta, pero son relevantes para entender la evolución de la propaganda yihadista contra España.
4. Segunda etapa (2011-2013): señalamiento de objetivos y amenazas anteriores a Daesh
4.1. 2011: Abdellatif Aoulad Chiba y el supuesto plan contra depósitos de agua
Plan inicialmente atribuido, con absolución posterior
Persona investigada: Abdellatif Aoulad Chiba.
Lugar: La Línea de la Concepción, Cádiz.
Organización de referencia en la investigación: Al Qaeda en el Magreb Islámico.
¿Qué ocurrió?
El 17 de agosto de 2011 fue detenido en La Línea de la Concepción Abdellatif Aoulad Chiba, ciudadano marroquí de 36 años.
El 20 de agosto, el juez Fernando Grande-Marlaska decretó su ingreso en prisión provisional.
La investigación inicial le atribuía un supuesto plan para envenenar los depósitos de agua que abastecían a campings y complejos turísticos.
La Fiscalía y la Policía investigaban también su actividad en foros yihadistas de Internet, especialmente Al Shumukh y Ansar Al Mujahideen.
¿Quiénes habrían sido los objetivos?
Según la hipótesis policial inicial, la población abastecida por los depósitos de agua de los complejos turísticos.
No se identificaron personas concretas como víctimas.
Por tanto, este caso se incluye como un supuesto plan contra una población civil, no como una amenaza personal dirigida a un individuo.
¿Cuál fue el desenlace judicial?
Aquí encontramos una diferencia importante entre la acusación inicial y la sentencia.
El 12 de julio de 2013, la Audiencia Nacional condenó a Aoulad Chiba a dos años de prisión por difusión pública de propaganda terrorista.
La Fiscalía documentó que había prestado juramento de fidelidad al dirigente de Al Qaeda en el Magreb Islámico y que había difundido mensajes de exaltación de las actividades terroristas y llamamientos a la yihad.
Sin embargo, fue absuelto del supuesto plan de envenenamiento y de la acusación de integración en organización terrorista, al no quedar acreditada la existencia de un plan concreto en los términos inicialmente atribuidos.
Conclusión: no puede presentarse como un atentado frustrado ni como una amenaza personal probada. Es un caso de investigación antiterrorista cuyo resultado judicial fue sustancialmente diferente de la hipótesis inicial.
4.2. 2012: Mudhar Hussein Almaliki, el «bibliotecario de Al Qaeda», señala a Aznar y Solana
Señalamiento nominal de objetivos políticos
Investigado: Mudhar Hussein Almaliki.
Lugar: Valencia.
Personas señaladas: José María Aznar y Javier Solana.
Este es probablemente uno de los casos más claros de señalamiento nominal de figuras públicas españolas en el periodo anterior a Daesh.
¿Quién era Mudhar Hussein Almaliki?
Era un ciudadano jordano de 51 años que residía en Valencia.
Fue conocido en los medios como el «bibliotecario de Al Qaeda» debido a su actividad en Internet y a la distribución de materiales relacionados con la ideología yihadista y el entrenamiento terrorista.
Gestionaba foros y páginas de intercambio de archivos en los que difundía materiales de propaganda yihadista.
¿A quién señaló como objetivo?
Según el auto judicial publicado por El País el 30 de marzo de 2012, Almaliki difundió una lista de ocho responsables públicos a los que señalaba como posibles objetivos de acciones terroristas.
En la lista aparecían:
- José María Aznar, expresidente del Gobierno español.
- Javier Solana, antiguo secretario general de la OTAN.
- George Bush padre.
- George W. Bush.
- Barack Obama.
- Bill Clinton.
- Tony Blair.
- Madeleine Albright.
La lista estaba acompañada por expresiones que justificaban la violencia como respuesta a supuestos crímenes contra musulmanes.
¿Cómo se desarrolló la operación?
Almaliki fue detenido en Valencia el 27 de marzo de 2012.
El juez Pablo Ruz ordenó su ingreso en prisión provisional.
La investigación descubrió que dedicaba numerosas horas diarias a gestionar foros relacionados con la propaganda, el adoctrinamiento y el reclutamiento.
También difundía manuales sobre explosivos, sustancias químicas y procedimientos terroristas.
¿Cuál fue el desenlace?
En mayo de 2014, la Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de prisión por integración en organización terrorista.
La sentencia no debe confundirse con una condena independiente por amenazas personales contra Aznar y Solana. La responsabilidad penal que se documenta es por pertenencia e integración en la estructura propagandística de Al Qaeda.
Conclusión: existe una identificación documental y nominal de dos antiguos altos responsables españoles como objetivos dentro de propaganda yihadista.
4.3. 2013: Mohamed Echaabi y el supuesto plan contra un alto cargo árabe en España
Plan presunto; desenlace no localizado
Persona investigada: Mohamed Echaabi.
Lugar: Valencia.
¿Qué ocurrió?
En febrero de 2013, la Policía Nacional detuvo en Valencia a Mohamed Echaabi, de 22 años, nacido en Marruecos.
El juez Javier Gómez Bermúdez ordenó su ingreso en prisión provisional.
Según la información publicada por El País el 11 de febrero de 2013, la investigación policial le atribuía la intención de cometer atentados en España y otros países europeos.
Entre los objetivos mencionados figuraba un alto cargo de un país árabe que se encontraba en España, cuya identidad no se hizo pública.
Los investigadores sostenían que había realizado gestiones para conseguir armas de fuego y explosivos.
Antecedentes
La información periodística también recogía un viaje a Egipto en 2011, con la supuesta intención de desplazarse a Gaza para atacar intereses israelíes.
Asimismo, se había producido una detención anterior en el puesto fronterizo de Tánger en abril de 2012.
Estos datos aparecían en las actuaciones conocidas por el juez y en la investigación policial.
¿Cuál fue el desenlace?
No he localizado una sentencia firme ni una resolución pública suficientemente completa que permita determinar el resultado definitivo de la causa.
Por tanto, debemos mantener su condición de investigado y no afirmar que se demostró judicialmente la existencia del plan atribuido.
Importancia: este expediente muestra cómo las investigaciones antiterroristas españolas ya manejaban antes de Daesh hipótesis de posibles ataques contra personas identificadas por su cargo institucional.
5. Tercera etapa (2014-2019): expansión de Daesh y amenazas a través de Internet
5.1. 2015: carta con amenazas de muerte contra Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre
Amenazas directas contra dos dirigentes políticos
Persona amenazada: Mariano Rajoy.
Presidente del Gobierno en aquel momento.
Persona amenazada: Esperanza Aguirre.
Presidenta del PP de Madrid.
¿Qué ocurrió?
En septiembre de 2015 llegó a la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, una carta dirigida a Esperanza Aguirre.
La carta estaba escrita en español y árabe y contenía amenazas contra Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y otros dirigentes del partido.
También anunciaba la colocación de bombas en Madrid y Barcelona, con referencias a infraestructuras de transporte.
La comunicación se realizó en nombre del Estado Islámico y contenía referencias a Abu Bakr al-Baghdadi.
¿Quiénes fueron detenidos?
El 26 de octubre de 2015, la Policía Nacional detuvo a dos hombres identificados en las informaciones periodísticas mediante las iniciales J.E.H.B. y R.M.
Los dos habían coincidido en la prisión de Segovia y, según las primeras informaciones policiales, habían redactado la carta mientras cumplían condena.
¿Cuál fue el desenlace?
Los detenidos fueron acusados de amenazas con fines terroristas.
No hemos podido localizar una sentencia firme o una resolución judicial pública que permita confirmar el resultado final de este expediente.
5.2. 2015-2017: Ayoub Moutchou y las amenazas contra la Policía Nacional
Condena judicial por delitos relacionados con el terrorismo
Persona identificada: Ayoub Moutchou.
Colectivo amenazado: Policía Nacional.
¿Quién era?
Ayoub Moutchou era un joven nacido en Marruecos y residente en Figueres.
En agosto de 2015 fue detenido en Alemania, dentro de una investigación relacionada con sus actividades de propaganda, radicalización y contactos con personas vinculadas al Estado Islámico.
¿Qué amenazas realizó?
La investigación recogió manifestaciones reiteradas en redes sociales en las que expresaba su voluntad de cometer un atentado contra la Policía Nacional española.
El expediente fue tramitado como Operación Anfiteatro.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recogió expresamente en su memoria la existencia de declaraciones reiteradas de deseo de atentar contra la Policía Nacional en España.
¿Cuál fue el desenlace?
El 7 de febrero de 2017 se celebró el juicio y la Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de prisión.
La condena fue por delitos relacionados con la radicalización yihadista, captación y autoadoctrinamiento.
Es importante no presentar los ocho años como una condena autónoma por un delito de amenazas: el fundamento principal de la condena fue su actividad terrorista y de radicalización.
Conclusión: es uno de los casos más claros en los que una investigación judicial recoge expresamente la intención reiterada de atacar a un colectivo concreto de funcionarios españoles.
5.3. 2016-2019: Operación GRIN y las amenazas contra Fernando Reinares
Investigación con absolución por falta de pruebas
Persona amenazada según la investigación: Fernando Reinares.
Investigador y especialista en terrorismo internacional del Real Instituto Elcano.
¿Quién era Karim El Idrissi Soussi?
Karim El Idrissi Soussi era un ciudadano español nacido en Madrid, con padres de origen marroquí.
Tenía 27 años cuando fue detenido en septiembre de 2016.
La Policía Nacional investigaba su proceso de radicalización, su consumo de propaganda yihadista y sus comunicaciones en redes sociales.
¿Qué amenazas se investigaron?
La Fiscalía le atribuyó amenazas contra periodistas y catedráticos difundidas mediante Twitter.
Entre las personas afectadas se mencionó a Fernando Reinares.
También se difundieron informaciones sobre amenazas a profesores y compañeros de estudios, incluida una referencia a la posibilidad de acudir armado al aula.
La investigación se desarrolló en el marco de la Operación GRIN, en la que fue detenido también otro joven, identificado como O.S.A.A.
¿Cuál fue el desenlace judicial?
En octubre de 2019, la Audiencia Nacional absolvió a Karim El Idrissi Soussi.
La Fiscalía había solicitado una pena de hasta 48 años de prisión, pero el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar los delitos atribuidos.
Entre otras cuestiones, no quedó probado que el acusado fuera el autor de determinadas cuentas y mensajes desde los que se difundieron las amenazas.
Por tanto, no puede presentarse a Karim como autor judicialmente acreditado de las amenazas contra Fernando Reinares o los periodistas.
Importancia del caso
Este expediente demuestra dos cosas:
- Los investigadores y académicos especializados en terrorismo pueden convertirse en destinatarios de amenazas.
- Las acusaciones policiales y fiscales deben distinguirse de los hechos que finalmente considera probados un tribunal.
5.4. 2017-2018: amenazas a agentes de la Guardia Civil durante la Operación Malassa en Melilla
Condena por desórdenes públicos, no por terrorismo
Personas identificadas:
- Suliman Mohamed Makrani.
- Belaid Mohand Al-Lal.
Colectivo amenazado: agentes de la Guardia Civil.
¿Qué ocurrió?
El 23 de junio de 2017 se realizó una operación de la Guardia Civil en Melilla contra un entorno relacionado con una investigación de captación y radicalización yihadista.
Durante la intervención policial se produjo una concentración de personas en los alrededores de una vivienda y se registraron altercados.
Dos jóvenes, Suliman Mohamed Makrani y Belaid Mohand Al-Lal, increparon a los agentes y realizaron expresiones amenazantes.
Entre las expresiones recogidas en el procedimiento figuraban amenazas de hacerles pagar la actuación policial, referencias a recuperar Al-Ándalus y amenazas de hacer saltar por los aires a los agentes.
¿Cuál fue el desenlace?
La Audiencia Nacional no consideró acreditado el delito de amenazas terroristas que sostenía la acusación.
Sin embargo, sí apreció un delito agravado de desórdenes públicos.
La condena inicial fue revisada en apelación, quedando finalmente en tres años de prisión para cada uno, según la información publicada sobre el recurso.
Precisión importante: no se debe afirmar que el tribunal declarase a los dos jóvenes integrantes de una organización yihadista ni que los condenase por amenazas terroristas. Es un episodio de amenazas e intimidación contra agentes durante una operación antiterrorista, pero su calificación judicial fue distinta.
5.5. 2018-2019: Muntasir Media y la amenaza contra el magistrado José de la Mata
Amenaza nominativa contra un magistrado
Persona amenazada: José de la Mata.
Magistrado de la Audiencia Nacional.
Estructura propagandística: Muntasir Media.
¿Qué era Muntasir Media?
Muntasir Media era una plataforma de propaganda en castellano vinculada al entorno del Estado Islámico.
Su actividad incluía vídeos, comunicados y mensajes de intimidación destinados a usuarios hispanohablantes.
No era un órgano oficial de Daesh, sino una estructura de propaganda favorable a la organización.
Las amenazas de diciembre de 2018 y enero de 2019
La Fiscalía de la Audiencia Nacional documentó que la plataforma difundió vídeos los días 21 de diciembre de 2018, 2 de enero de 2019 y 12 de enero de 2019.
Estos contenidos incluían amenazas directas contra España y magistrados de la Audiencia Nacional.
Uno de los mensajes más graves estaba relacionado con el magistrado José de la Mata, que había intervenido en investigaciones contra el terrorismo yihadista.
El vídeo difundido bajo el título «Morirás con una bomba lapa» lo identificaba expresamente como objetivo.
La operación policial
El 5 de octubre de 2019, la Policía Nacional detuvo en Parla (Madrid) a un joven de 23 años de origen marroquí al que las investigaciones atribuían la dirección de Muntasir Media en España.
Se practicó un registro en su domicilio.
La Fiscalía documentó el hallazgo de una lista de numerosas personas e infraestructuras españolas señaladas como objetivos, además de precursores químicos y material relacionado con la fabricación de explosivos.
¿Cuál fue el desenlace?
El detenido ingresó en prisión provisional.
La Fiscalía identificó el procedimiento como diligencias previas 62/19, acumuladas a las 88/18.
La documentación fiscal de 2020 seguía describiendo la investigación como un procedimiento destinado a identificar a las personas que habían realizado las amenazas.
No hemos localizado una sentencia firme pública que permita confirmar el desenlace definitivo del procedimiento.
Importancia: es uno de los ejemplos más claros de amenaza nominativa contra un magistrado español desde una estructura propagandística favorable a Daesh.
6. Cuarta etapa (2014-2023): amenazas contra testigos, mujeres y ciudadanos críticos con el extremismo
Esta etapa incluye casos que no encajan necesariamente en el terrorismo organizado clásico. Su interés está en las amenazas justificadas mediante argumentos religiosos extremistas y en la presión sobre personas que cuestionan determinadas interpretaciones ideológicas.
6.1. 2014-2023: Raquel Alonso y las amenazas denunciadas tras declarar contra la Brigada Al Ándalus
Amenazas denunciadas por una testigo
Persona afectada: Raquel Alonso.
Exmarido condenado por terrorismo: Nabil Benazzou.
Organización: Brigada Al Ándalus.
¿Quién es Raquel Alonso?
Raquel Alonso es una mujer española que estuvo casada durante aproximadamente dos décadas con Nabil Benazzou.
La detención de su marido en junio de 2014 cambió radicalmente su situación familiar.
Benazzou formaba parte de la Brigada Al Ándalus, una estructura yihadista dedicada a la captación, radicalización, adoctrinamiento, financiación y envío de voluntarios a Siria.
¿Qué ocurrió con su marido?
Nabil Benazzou fue detenido en junio de 2014 junto a otros integrantes de la célula.
La Audiencia Nacional lo condenó en 2016 a ocho años de prisión y catorce de inhabilitación absoluta por pertenencia a organización terrorista.
La sentencia fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.
La causa acreditó su participación en actividades de captación y radicalización y el intento de enviar voluntarios a Siria.
Las amenazas denunciadas por Raquel
Raquel Alonso colaboró con la investigación judicial y declaró contra el grupo en el que había participado su exmarido.
Posteriormente denunció amenazas, agresiones y situaciones de acoso que, según su testimonio, afectaban tanto a ella como a sus hijos.
En febrero de 2022, RTVE publicó una entrevista en la que relataba el temor que sentía ante la salida de prisión de Benazzou.
También explicó que había recibido amenazas de muerte y que temía por la seguridad de sus hijos.
En junio de 2022 volvió a denunciar públicamente agresiones e intentos de homicidio mediante maniobras con vehículos en carretera.
¿Qué relación existe entre las amenazas y su exmarido?
Este punto debe tratarse con especial prudencia.
La condena de Benazzou por pertenencia a la Brigada Al Ándalus está acreditada judicialmente.
Las amenazas y agresiones que denuncia Raquel forman parte de su testimonio y de las actuaciones relacionadas con su protección.
Sin embargo, no hemos localizado una sentencia que atribuya judicialmente a Benazzou o a miembros identificados de la Brigada Al Ándalus la autoría de todas esas amenazas.
¿Cuál fue el desenlace?
La salida de prisión de Benazzou se produjo en junio de 2022, tras cumplir la pena de ocho años.
En el ámbito familiar, la justicia concedió a Raquel Alonso la patria potestad exclusiva de su hija, al considerar las circunstancias del proceso de radicalización del padre y su influencia sobre los menores.
El caso continúa siendo relevante por el problema de protección de las personas que colaboran con la justicia en procedimientos de terrorismo yihadista.
Es importante investigar si los mecanismos de protección de testigos son suficientes cuando las amenazas se producen después de la desarticulación de una organización terrorista.
6.2. 2020: detención en Guadalix de la Sierra por amenazas contra España y otros países
En junio de 2020, las autoridades españolas detuvieron a un ciudadano marroquí en Guadalix de la Sierra (Madrid) por actividades de autoadoctrinamiento yihadista y difusión de amenazas.
La investigación se centró en sus perfiles de redes sociales, donde difundía propaganda favorable al Estado Islámico y mensajes amenazantes contra España, Israel y Estados Unidos.
El individuo se presentaba a sí mismo como seguidor del Estado Islámico.
La actuación policial se dirigió a determinar la gravedad de las amenazas y su posible relación con actividades terroristas.
Este expediente debe situarse entre las amenazas generales contra Estados y poblaciones, no como una amenaza dirigida a una persona identificada.
El detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional. No hemos localizado una resolución judicial pública que permita confirmar una condena definitiva por estos hechos.
6.3. 2022: amenazas de muerte contra Miss Raisa por defender a la comunidad LGTBI
Amenaza directa contra una mujer musulmana
Víctima: Imane Raissali, conocida como Miss Raisa.
Lugar: Cataluña.
Investigación: Mossos d’Esquadra y Policía Nacional.
¿Quién es Miss Raisa?
Imane Raissali es una artista y rapera musulmana residente en Cataluña.
En sus intervenciones públicas aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la religión, los derechos individuales y la convivencia.
En junio de 2022 publicó un vídeo en TikTok en el que defendía el respeto a las personas homosexuales y a la comunidad LGTBI.
Una de sus afirmaciones era que no hacía falta ser homosexual para respetar a esa comunidad.
¿Cómo comenzaron las amenazas?
Después de publicar el vídeo empezó a recibir insultos y mensajes intimidatorios.
Uno de los usuarios llegó a justificar su asesinato y decapitación mediante argumentos religiosos.
La investigación de los Mossos d’Esquadra permitió identificar a un individuo que residía en Birmingham (Reino Unido) y que tenía varios perfiles en redes sociales donde se presentaba como consultor y predicador religioso.
También se informó de antecedentes por delitos de odio contra el colectivo LGTBI y antisemitismo.
La detención
El 4 de agosto de 2022, el sospechoso fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando llegaba a España.
La Policía Nacional actuó a requerimiento de los Mossos d’Esquadra.
¿Cuál fue el desenlace?
El detenido pasó a disposición judicial y quedó en libertad con medidas cautelares.
Entre ellas:
- Prohibición de acercarse a Miss Raisa a menos de 1.000 metros.
- Prohibición de comunicarse con ella.
- Retirada del pasaporte.
- Prohibición de salir de España.
- Restricciones de acceso a Internet mientras se resolvía el procedimiento.
Estas medidas están documentadas por la información judicial difundida a través de medios de comunicación.
No hemos localizado una sentencia firme que permita confirmar el resultado final del proceso.
¿Por qué es importante este caso?
La víctima era una mujer musulmana que defendía públicamente el respeto a los derechos de las personas homosexuales.
Las amenazas no se dirigieron contra ella por abandonar el islam, sino por defender una posición contraria a las interpretaciones que justifican la discriminación y la violencia por motivos religiosos.
No hay constancia pública suficiente de que el detenido perteneciera formalmente a Daesh, Al Qaeda u otra organización terrorista. Por eso debe clasificarse como un caso de amenazas graves con justificación religiosa extremista, no como una operación de una célula yihadista acreditada.
7. Quinta etapa (2023-2025): amenazas digitales, selección de objetivos y nuevas estructuras
7.1. 2023: el caso de Campos, Mallorca. Amenazas contra policías, militares y autoridades
Amenazas con fines terroristas investigadas por la Audiencia Nacional
Lugar: Campos, Mallorca.
Persona investigada: identidad no publicada oficialmente.
Colectivos amenazados: policías, militares y otras autoridades.
¿Qué ocurrió?
El 10 de marzo de 2023, la Policía Nacional informó de la detención de un individuo en Campos, Mallorca.
La investigación había comenzado en septiembre de 2022, cuando los agentes detectaron perfiles de redes sociales que difundían propaganda favorable al yihadismo.
El detenido administraba varias cuentas con cientos de seguidores.
En ellas difundía mensajes amenazantes contra diferentes autoridades, especialmente funcionarios policiales y militares.
En sus perfiles se presentaba a sí mismo como yihadista, muyahidín y «sicario de Alá».
¿Qué desencadenó la intervención?
Según Interior, las publicaciones se habían radicalizado progresivamente y una de las últimas incitaba directamente a atacar a policías.
La investigación también permitió reconstruir sus desplazamientos por diferentes provincias españolas y su viaje a Egipto, desde donde fue expulsado y devuelto a España.
¿Cuál fue el desenlace?
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.
El juez decretó prisión provisional incomunicada y sin fianza por presuntos delitos de amenazas con fines terroristas y autoadoctrinamiento.
No hemos localizado una sentencia firme pública que permita confirmar el resultado final del procedimiento.
Es relevante que la Policía no difundiera su identidad completa.
7.2. 2024: amenazas directas contra la población occidental y la comunidad judía
Amenazas colectivas de una estructura yihadista
El 26 de noviembre de 2024, el Ministerio del Interior informó de una operación conjunta entre la Policía Nacional y los servicios de seguridad marroquíes que terminó con nueve detenidos.
Seis personas fueron detenidas en España:
- Cuatro en Ceuta.
- Una en Ibiza.
- Una en Madrid.
Otras tres fueron detenidas en Marruecos.
¿Qué amenazas se detectaron?
Los investigadores identificaron un grupo de personas muy radicalizadas que utilizaban redes sociales para difundir propaganda yihadista y amenazas directas contra la población occidental y la comunidad judía.
También incitaban a cometer actos violentos.
La investigación había comenzado a mediados de 2023.
El Ministerio del Interior calificó la estructura como una amenaza real para la seguridad.
¿Cuál fue el desenlace?
Los seis detenidos en España fueron puestos a disposición judicial y el Juzgado Central de Instrucción número uno decretó prisión provisional para todos ellos.
No se han publicado nombres de víctimas individuales ni una sentencia definitiva que permita determinar la responsabilidad penal de cada investigado.
Importancia: este expediente muestra que las amenazas contra colectivos, en particular contra la comunidad judía, siguen presentes en la propaganda yihadista difundida desde España.
7.3. Marzo de 2025: una organización radical pakistaní promueve asesinatos y selecciona posibles objetivos en Europa
Selección de posibles objetivos
Localización: Barcelona y área metropolitana; actuación también en Italia.
Detenidos: once personas, diez en Cataluña y una en Piacenza (Italia).
Este caso merece una sección propia porque introduce una modalidad de amenaza colectiva y selección de posibles víctimas que debe distinguirse de la propaganda de Daesh.
¿Qué ocurrió?
El 7 de marzo de 2025, el Ministerio del Interior informó de una operación conjunta de la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y la Policía italiana.
Se practicaron once detenciones: diez en Barcelona y su área metropolitana y una en Italia.
Se trataba de la tercera fase de una investigación sobre una organización radical pakistaní.
En las dos fases anteriores se habían practicado detenciones en España durante 2022 y 2023.
¿Qué actividad desarrollaba la organización?
Según la información oficial, la organización tenía una estructura jerarquizada y utilizaba canales de comunicación cifrados para difundir consignas que promovían el asesinato y la decapitación de personas que consideraba contrarias a su doctrina.
También glorificaba a autores de atentados cometidos contra personas acusadas de blasfemia en Europa y Pakistán.
Lo más relevante para esta investigación es que algunos de sus integrantes ya habían comenzado a identificar personas en Europa como posibles objetivos de sus acciones violentas.
¿Se conocen los nombres de las personas amenazadas?
No.
Las autoridades no publicaron los nombres de las personas identificadas ni su ubicación.
Tampoco se ha difundido una relación pública de las posibles víctimas.
¿Qué pasó judicialmente?
La Policía Nacional comunicó que la operación había tenido lugar el 3 de marzo de 2025.
Once personas fueron detenidas y siete fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional.
Según las informaciones disponibles, cuatro quedaron en prisión provisional y tres en libertad con medidas cautelares.
No hemos localizado una sentencia firme pública que permita establecer el resultado final de los procedimientos.
Una precisión sobre su ideología
El Ministerio del Interior describió la estructura como una organización radical pakistaní y terrorista.
No es correcto equipararla automáticamente a Daesh o Al Qaeda. Su perfil ideológico y su repertorio de violencia religiosa deben analizarse de forma específica.
Importancia: constituye uno de los expedientes más relevantes de 2025 por la existencia de una investigación policial que identificó acciones previas de selección de posibles objetivos en Europa, sin que las autoridades hayan hecho públicos los nombres de las personas señaladas.
7.4. Mayo de 2025: Operación Himon en Castelldefels y Montcada i Reixac
Amenazas concretas contra varias personas
Localización:
- Castelldefels.
- Montcada i Reixac.
Personas detenidas: tres individuos cuya identidad no fue difundida oficialmente.
¿Qué ocurrió?
El 2 de mayo de 2025, el Ministerio del Interior comunicó una operación conjunta de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra que terminó con tres detenciones en la provincia de Barcelona.
Dos personas fueron detenidas en Castelldefels y otra en Montcada i Reixac.
La investigación se desarrolló bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número cinco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
¿Qué amenazas se detectaron?
Los investigadores descubrieron que los detenidos mantenían una actividad intensa en redes sociales, donde difundían propaganda yihadista y justificaban atentados de organizaciones terroristas como Daesh.
Uno de ellos había alcanzado un nivel de radicalización que, según Interior, le llevó a formular amenazas concretas contra varias personas mediante distintas cuentas y perfiles.
Durante los registros se intervinieron dispositivos electrónicos, una bayoneta y material manuscrito con referencias a atentados cometidos por individuos que actúan solos y al martirio.
¿Se conocen los nombres de las víctimas?
No.
El comunicado oficial no identificó a las personas amenazadas ni explicó qué relación tenían con los investigados.
¿Cuál fue el desenlace?
Los tres detenidos pasaron a disposición judicial y el Juzgado Central de Instrucción número cinco decretó prisión provisional para los tres.
No hemos localizado una sentencia firme que permita establecer el resultado final del procedimiento.
Este expediente es especialmente interesante porque afecta directamente a dos municipios del área metropolitana de Barcelona y documenta amenazas contra personas concretas, aunque sus identidades no se hayan hecho públicas.
8. Análisis comparativo: ¿quiénes han sido los principales objetivos?
La documentación permite clasificar las amenazas según los colectivos afectados.
Personas y colectivos señalados en los casos documentados
Responsables políticos
2003-2015
Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, José María Aznar y Javier Solana.
Jueces y magistrados
2005-2019
Javier Gómez Bermúdez y José de la Mata, junto con otros magistrados de la Audiencia Nacional.
Investigadores, periodistas y profesores
2016-2019
Fernando Reinares y personas del entorno académico y periodístico señaladas en la Operación GRIN.
Policías y militares
2015-2023
Policía Nacional, Guardia Civil y otros funcionarios de seguridad.
Mujeres y ciudadanos críticos con el extremismo
2014-2023
Raquel Alonso e Imane Raissali (Miss Raisa).
Población occidental y comunidades religiosas
2020-2025
Población occidental, comunidad judía y personas identificadas como contrarias a determinadas doctrinas extremistas.
Esta clasificación muestra que las amenazas no se limitan a las instituciones del Estado.
También pueden dirigirse contra personas que ejercen su libertad de expresión, su autonomía religiosa o sus derechos individuales.
8.1. Los políticos
Los casos de Aznar, Solana, Rajoy y Aguirre muestran que las figuras políticas pueden ser señaladas por su responsabilidad institucional o por su asociación con decisiones de política exterior.
Sin embargo, hay una diferencia entre la lista de objetivos difundida en Internet por Almaliki y la carta enviada al Partido Popular: la primera era un señalamiento propagandístico público; la segunda contenía amenazas escritas dirigidas a personas concretas.
8.2. Los jueces
Los expedientes de 2005 y Muntasir Media son especialmente significativos.
En ambos casos, las amenazas aparecen vinculadas a procedimientos judiciales contra integrantes de organizaciones yihadistas.
La intimidación contra magistrados puede tener un efecto disuasorio que va más allá de la seguridad personal: pretende cuestionar la independencia judicial mediante la amenaza de represalias.
8.3. Los investigadores y periodistas
El caso de Fernando Reinares plantea una cuestión relevante sobre la seguridad de quienes investigan el terrorismo yihadista.
No obstante, el desenlace absolutorio obliga a ser muy precisos: la investigación policial no consiguió demostrar judicialmente la autoría de Karim El Idrissi Soussi en las amenazas atribuidas.
8.4. Mujeres musulmanas y personas críticas con el extremismo
Los casos de Raquel Alonso y Miss Raisa reflejan dos situaciones distintas.
En el primero, una mujer colaboró con la justicia contra su marido, condenado por pertenencia a una organización terrorista, y posteriormente denunció amenazas y agresiones.
En el segundo, una mujer musulmana defendió el respeto a la comunidad LGTBI y recibió amenazas graves fundamentadas en argumentos religiosos.
9. Los nombres propios que aparecen en la investigación
Una cuestión importante es conservar una relación de nombres y apellidos documentados
Personas amenazadas o señaladas
| Nombre | Función o condición | Caso |
| Mariano Rajoy | Presidente del Gobierno (2015) | Carta al PP |
| Esperanza Aguirre | Presidenta del PP de Madrid | Carta al PP |
| José María Aznar | Expresidente del Gobierno | Lista de objetivos de Almaliki |
| Javier Solana | Exsecretario general de la OTAN | Lista de objetivos de Almaliki |
| Javier Gómez Bermúdez | Magistrado de la Audiencia Nacional | Amenaza de Al Qaeda |
| José de la Mata | Magistrado de la Audiencia Nacional | Muntasir Media |
| Fernando Reinares | Investigador del Real Instituto Elcano | Operación GRIN |
| Imane Raissali | Artista conocida como Miss Raisa | Amenazas en redes |
| Raquel Alonso | Testigo en el proceso contra Brigada Al Ándalus | Amenazas denunciadas |
| Agentes de la Guardia Civil | Fuerzas de Seguridad | Operación Malassa |
| Agentes de la Policía Nacional | Fuerzas de Seguridad | Anfiteatro y Campos |
Personas detenidas o condenadas identificadas públicamente
| Nombre | Caso | Situación judicial conocida |
| Mudhar Hussein Almaliki | Bibliotecario de Al Qaeda | Condenado a 8 años por integración en organización terrorista |
| Abdellatif Aoulad Chiba | Cádiz, 2011 | Condenado a 2 años por difusión de propaganda terrorista; absuelto del supuesto plan de envenenamiento |
| Mohamed Echaabi | Valencia, 2013 | Prisión provisional; desenlace público no localizado |
| Ayoub Moutchou | Operación Anfiteatro | Condenado a 8 años |
| Karim El Idrissi Soussi | Operación GRIN | Absuelto en 2019 |
| Suliman Mohamed Makrani | Operación Malassa | Condenado por desórdenes públicos |
| Belaid Mohand Al-Lal | Operación Malassa | Condenado por desórdenes públicos |
| Nabil Benazzou | Brigada Al Ándalus | Condenado a 8 años por pertenencia a organización terrorista |
En otros casos, la identidad de los detenidos no se ha publicado íntegramente o solamente se han difundido iniciales.
- ¿Qué sabemos de los desenlaces judiciales?
| Caso | Resultado conocido | Condena por la amenaza específica |
| Amenazas a jueces (2005) | Comunicación de Al Qaeda documentada | No consta resolución individual |
| Aoulad Chiba (2011) | 2 años por difusión pública de propaganda terrorista | No: absuelto del plan de envenenamiento |
| Almaliki (2012) | 8 años por integración en organización terrorista | No como delito independiente de amenaza a Aznar y Solana |
| Echaabi (2013) | Prisión provisional | No verificada |
| Carta al PP (2015) | Dos detenidos | No verificada |
| Moutchou (2015-2017) | 8 años por delitos relacionados con el terrorismo | Condena por actividad terrorista, no específicamente por amenazas |
| Karim El Idrissi (2016-2019) | Absolución | No |
| Melilla (2017-2018) | Condena por desórdenes públicos | No |
| Muntasir Media (2018-2019) | Detención y prisión provisional | No verificada |
| Raquel Alonso (2014-2023) | Exmarido condenado por pertenencia a organización terrorista | No se ha acreditado la autoría judicial de las amenazas denunciadas |
| Miss Raisa (2022) | Detención y medidas cautelares | No verificada |
| Campos (2023) | Prisión provisional | No verificada |
| Operación 2024 | Seis detenidos en España, en prisión provisional | No verificada |
| Operación de marzo de 2025 | Cuatro personas en prisión provisional en España | No verificada |
| Operación Himon (2025) | Tres personas en prisión provisional | No verificada |
Hay una conclusión importante: el número de personas detenidas o investigadas no equivale al número de condenados por amenazas.
Los casos de Aoulad Chiba, Karim El Idrissi y Melilla muestran por qué debemos distinguir entre hechos investigados y hechos declarados probados.
11. Las transformaciones de las amenazas entre 2000 y 2025
El análisis histórico permite identificar cuatro etapas.
11.1. Primera etapa: amenazas propagandísticas de Al Qaeda (2000-2010)
Durante este periodo predominan:
- Comunicados y vídeos difundidos internacionalmente.
- Amenazas contra España por su política exterior.
- Advertencias contra jueces que condenan a integrantes de Al Qaeda.
- Reivindicaciones territoriales relacionadas con Al-Ándalus, Ceuta y Melilla.
La amenaza se difundía principalmente mediante comunicados, grabaciones y páginas web vinculadas a estructuras de propaganda.
11.2. Segunda etapa: señalamiento nominal de objetivos (2011-2013)
Los casos de Aoulad Chiba, Almaliki y Echaabi muestran una evolución hacia:
- Utilización más intensa de foros digitales.
- Difusión de listas de objetivos.
- Publicación de manuales y contenidos propagandísticos.
- Investigaciones sobre posibles ataques contra personas concretas o colectivos.
La actividad propagandística y la preparación de posibles acciones violentas empezaron a encontrarse cada vez más entrelazadas.
11.3. Tercera etapa: Daesh y la propaganda en castellano (2014-2019)
La expansión de Daesh transformó la difusión de amenazas.
Aparecieron plataformas especializadas en contenidos en español, como Muntasir Media.
Las amenazas empezaron a dirigirse con mayor frecuencia a:
- Personas concretas.
- Magistrados.
- Investigadores.
- Políticos.
- Colectivos profesionales.
- Infraestructuras.
La distribución mediante redes sociales y canales digitales permitió ampliar la audiencia y facilitar el señalamiento de objetivos.
11.4. Cuarta etapa: amenazas individuales y selección de objetivos (2020-2025)
En esta etapa observamos varios fenómenos:
- Amenazas individuales publicadas desde perfiles personales.
- Mensajes dirigidos a policías y militares.
- Amenazas contra personas musulmanas que defienden posiciones contrarias al extremismo.
- Amenazas contra comunidades religiosas.
- Organizaciones que utilizan canales cifrados para promover violencia.
- Identificación previa de personas como posibles objetivos.
Los expedientes de Campos, Miss Raisa, la operación de 2024 y las dos operaciones de 2025 permiten estudiar esta evolución.
No obstante, no podemos deducir que exista una continuidad organizativa entre todos los casos.
12. Limitaciones de la investigación y casos que requieren comprobación adicional
Hay tres cuestiones que considero imprescindible señalar antes de publicar.
Primera: la ausencia de un registro público único.
No existe una base de datos pública que permita reunir todas las amenazas de matriz yihadista denunciadas en España desde el año 2000.
Una parte de los procedimientos judiciales no se publica íntegramente y en otros se protege la identidad de las víctimas.
Segunda: los desenlaces judiciales incompletos.
En varios expedientes hemos podido reconstruir la detención y la prisión provisional, pero no localizar una sentencia definitiva.
No debemos rellenar esos vacíos con suposiciones.
Tercera: la atribución ideológica.
No todas las amenazas justificadas mediante argumentos religiosos proceden de una organización yihadista. Los casos de Miss Raisa y Raquel Alonso requieren separar el testimonio de las víctimas, la ideología atribuida a los agresores y las conclusiones judiciales.
13. Conclusiones generales
La investigación de los casos documentados entre 2000 y 2025 permite extraer siete conclusiones.
- Las amenazas yihadistas contra personas en España son anteriores a Daesh.
La amenaza de Al Qaeda contra los jueces de la Audiencia Nacional en 2005 y el señalamiento de Aznar y Solana en 2012 demuestran que existían antecedentes claros antes de la proclamación del califato.
- Las instituciones judiciales y policiales han sido objetivos recurrentes.
Los magistrados, policías y militares aparecen en diferentes etapas de la investigación como destinatarios de amenazas.
- Los responsables políticos también han sido señalados.
Los casos de Almaliki y la carta enviada al PP muestran dos modalidades diferentes: listas propagandísticas de objetivos y amenazas escritas dirigidas a responsables políticos.
- Los investigadores y periodistas pueden convertirse en objetivos de intimidación.
El expediente GRIN y el caso Muntasir Media muestran que la investigación del terrorismo yihadista puede situar a profesionales del periodismo, la universidad y la justicia en el punto de mira.
- Las amenazas no proceden exclusivamente de organizaciones terroristas estructuradas.
También existen casos de individuos radicalizados que utilizan Internet para amenazar a personas concretas.
- Las mujeres musulmanas y los ciudadanos que cuestionan el extremismo constituyen una línea de investigación relevante.
Miss Raisa y Raquel Alonso son dos ejemplos muy diferentes de situaciones en las que las víctimas han denunciado intimidaciones relacionadas con entornos ideológicos extremistas.
- Es necesario mejorar la transparencia sobre el recorrido judicial de las amenazas.
En varios de los casos investigados no ha sido posible localizar una sentencia definitiva. Esto dificulta conocer cuántas amenazas terminaron en condena, archivo o absolución.
14. Consideración editorial
Los casos examinados revelan una cuestión que merece un debate público más amplio: la intimidación mediante amenazas de violencia para limitar el ejercicio de derechos individuales, la actividad profesional y la participación en la vida pública.
Las amenazas contra jueces, investigadores, periodistas, mujeres musulmanas y testigos de procedimientos antiterroristas no deben analizarse únicamente desde la perspectiva policial.
También afectan a la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la independencia judicial y la protección de los derechos fundamentales.
Una democracia liberal no puede permitir que el miedo a represalias determine lo que un investigador puede publicar, lo que una mujer puede expresar, lo que un ciudadano puede creer o lo que un periodista puede investigar.
La documentación rigurosa de estas amenazas, junto con el seguimiento de sus procedimientos judiciales, constituye una tarea de interés público.
La amenaza no debe convertirse en un mecanismo de censura social.
CONAGORA | INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
Periodo estudiado: 2000-2025.
Fuentes documentales principales
La investigación se ha construido dando prioridad a fuentes institucionales y judiciales, complementadas con medios de comunicación que han publicado información sobre los protagonistas y los expedientes.
Fuentes oficiales
- Fiscalía General del Estado. Memorias anuales de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, especialmente 2014, 2017 y 2020.
- Ministerio del Interior. Comunicados de operaciones antiterroristas entre 2020 y 2025.
- Consejo General del Poder Judicial. Memorias de la Audiencia Nacional y documentación judicial.
- Boletín Oficial del Estado. Publicaciones normativas y resoluciones judiciales disponibles.
Fuentes periodísticas
- El País. Información sobre las amenazas contra jueces, políticos, investigadores y operaciones policiales.
- RTVE. Información sobre la carta al PP, Raquel Alonso y otras amenazas.
- Europa Press. Cobertura de detenciones y procedimientos.
- ElDiario.es. Investigación sobre las amenazas contra Miss Raisa.
- Grupo de Estudios Estratégicos. Análisis histórico de la propaganda y las amenazas de organizaciones yihadistas contra España.